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Comentarios Tributarios

Una reflexión en torno al deber constitucional de todos los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado

POR CINDY LORENA CHAVARRO MORENO
ABOGADA TRIBUTARISTA
 

El nativo está dispuesto a cumplir con sus obligaciones
porque reconoce que de ese cumplimiento
se desprenden beneficios y privilegios.

Bronislaw Malinowski.


La reciprocidad no es una actuación moral inequívoca, a esto se refiere el antropólogo inglés al expresar la frase citada, con la cual estoy totalmente de acuerdo. Todas las relaciones sociales, de cualquier tipo, requieren interacción y motivación para recibir la correlación esperada, y más aún cuando se debe obedecer a una disposición normativa, la de realizar contribuciones al Estado a cambio de beneficios abstractos.

La Constitución Colombiana consagra en su artículo 95 numeral 9, el deber de todo ciudadano a contribuir al financiamiento de los gastos e inversión del Estado, este deber está íntimamente ligado con el principio de equidad, eficiencia y progresividad en la carga impositiva, respaldado por el ejercicio mutuo con el fin de buscar el desarrollo y la evolución, el bienestar social y la unidad nacional. Bajo este entendido se respalda el comentado deber ciudadano, toda vez que se requiere patrocinio económico y en consecuencia, no se puede prescindir del aporte tributario o extratributario de sus habitantes, a los cuales les exigen, en teoría, en sus justas proporciones, según su capacidad económica.

Así las cosas, cada ciudadano en ejercicio de su libertad económica inicia una actividad en pro de su bienestar y prosperidad personal y familiar, en calidad de empleado, contratista o empresario; pero la primera obstrucción con la que se encuentra es que implícitamente tiene un socio con quien debe repartir sus utilidades, y esta situación se convierte en una obstrucción, dado que no existe un beneficio materializado, imperativo constitucional que reiteradamente es respaldado por la jurisprudencia dado que debe "entenderse no como una negación o restricción de las garantías que le asisten a las personas y a los ciudadanos, sino como una contribución para la obtención de los fines esenciales del Estado, a través de los cuales se les imponen ciertas conductas, comportamientos o prestaciones de carácter público con fundamento en la Constitución y la Ley."[1]

Esa aseveración teóricamente es interesante pero en la práctica no obedece a la realidad que enfrenta cada colombiano, toda vez que, como ya se ha señalado no existe un beneficio materializado, ni en desarrollo, ni en respaldo, ni en infraestructura, ni en la satisfacción de algunas necesidades básicas de un Estado Social de Derecho -salud, educación, justicia, entre otros-. Lo anterior, lleva a la gran mayoría de los contribuyentes a implementar la figura de planeación tributaria al interior de sus de finanzas personales -si se es persona natural- o en su contabilidad y dirección financiera -si es una persona jurídica-.

Sobre esta figura deben quedar claras dos situaciones:

  1. La Elusión: Es un actuar del contribuyente que consiste en disminuir su carga tributaria, sin violar directamente las disposiciones legales pero quizá sin tener en cuenta los valores y principios del sistema tributario.
  2. La Evasión: Es un actuar del contribuyente que evita intencionalmente el pago del impuesto.

Cualquiera que sea el mecanismo usado para evitar el pago del impuesto que se tiene a cargo, éste traerá consigo consecuencias, tales como abuso de las formas jurídicas o simplemente el fraude a la ley, sobre este particular considero que es la misma estructura tributaria la que impulsa estas actividades, ya que los contribuyentes son visitados por la DIAN únicamente cuando se ven inmersos en actividades de sospecha que logran saltar las alarmas de la Administración, jamás se recibe capacitación y mucho menos instrucción de normativa tan técnica como esta, dado que no es de fácil entendimiento.

La práctica deja ver que la falta de información y otras veces la visión excesivamente fiscalista, poco consesual y conciliadora de la Administración fiscal desestimula toda iniciativa y continuidad de actividades económicas en el país, las sanciones, los intereses son excesivos, desbordan el normal desarrollo de las empresas grandes, medianas o pequeñas del país, muchas de ellas se ven obligadas a cerrar sus actividades productivas trayendo consigo perjuicios para la economía local y la inversión extranjera y el Estado se olvida totalmente de los valores constitucionales tales como; el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

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[1] Sentencia C-261 de 2002, Magistrado Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

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