Tema: Acuerdos de Paz

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta incluidas entidades como empresas industriales y comerciales del Estado de Economía Mixta, se pueden acoger al mecanismo de obras por impuesto y en la medida que los contratos que celebren sean de "obra pública" se generará la Contribución Especial de Obra Pública.
Trámite que debe agotar quien pretenda acogerse a la modalidad de pago de obras por impuestos.
Toda persona que alega tener la calidad de víctima tiene el derecho a que se verifique la ocurrencia del hecho victimizante y a que se le brinde la asesoría completa que le permita, si es del caso, exigir los derechos que se derivan de su condición. 
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Cualquier familiar de la víctima directa que sufra un daño, y que respecto de esta se encuentre en un grado de parentesco superior al primero, puede acreditarse como víctima indirecta, siempre y cuando pueda probar el perjuicio padecido y el parentesco.
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La Visa Residente Especial de Paz para los extranjeros excombatientes de las FARC-EP, tiene la finalidad de que éstos cuenten con un título jurídico válido de permanencia en el país, luego de haber pasado de una situación irregular a la legalidad.
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Imposibilidad del accionante de beneficiarse del fuero especial de congresista, al demostrarse que las conductas punibles que originaron la captura, no tienen relación alguna con la función legislativa.
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Aun cuando los Agentes a del Estado no podrán ser objeto de amnistía ni indulto por delitos cometidos con ocasión por causa o en relación directa o indirecta o indirecta con el conflicto armado, si recibirán un tratamiento penal especial, diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo.
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Competencia de la Sala de definición de situaciones jurídicas para determinar los delitos objeto de Amnistías, indultos y tratamientos penales especiales.
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Jueves, 20 Diciembre 2018 00:00

Ley No. 1941 de 18 de diciembre de 2018.

Se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
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Autoridad competente para inscribir y cancelar en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA, las medidas de protección patrimonial de bienes inmuebles urbanos, cuyos propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores fueron afectados por la violencia y el desplazamiento forzado.