Tema: Derechos Humanos

Darle prelación a los parientes consanguíneos frente a los civiles para asumir el cuidado de una persona en condición de discapacidad mental, configura una distinción entre parientes por su origen familiar que vulnera el derecho a la igualdad, debido a que no resulta una medida conducente e indispensable para lograr la finalidad legítima a que se encamina; y otra.
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La Corte Constitucional exhortó a la Personería del municipio de Calarcá, Quindío, para que acompañara a la Comunidad indígena Embera Chamí Daidrua, de ese municipio, en el diálogo institucional necesario para garantizar su acceso al agua potable.
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El INPEC está obligado a acatar las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en un amparo estructural, para conjurar crisis de hacinamiento carcelario.
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La Corte Constitucional ampara el derecho a la educación integral de los niños de la comunidad indígena Wuayuú Jamichimana.
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Las figuras de sucesión procesal y trasmisión del derecho por causa de muerte dentro de los procesos de Justicia y Paz.
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Prevalencia de los derechos a la dignidad humana y a la vivienda digna ante la problemática que generaría el desalojo de alrededor de 1500 personas.
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El delito de homicidio en persona protegida se configura mediante realización sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias por parte de grupo armado. El instituto de la responsabilidad del superior por omisión establecido en el literal a) del artículo 28 del Estatuto de Roma hace parte integrante del Código Penal.
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Toda persona que alega tener la calidad de víctima tiene el derecho a que se verifique la ocurrencia del hecho victimizante y a que se le brinde la asesoría completa que le permita, si es del caso, exigir los derechos que se derivan de su condición. 
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Cualquier familiar de la víctima directa que sufra un daño, y que respecto de esta se encuentre en un grado de parentesco superior al primero, puede acreditarse como víctima indirecta, siempre y cuando pueda probar el perjuicio padecido y el parentesco.
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Responsabilidad del Estado colombiano por la violación a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez.
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