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El Debido Proceso y el Derecho de Defensa en el Procedimiento Tributario Territorial

POR JAIME CASTRO BORRERO
ABOGADO TRIBUTARISTA
 

No serán pocas las empresas que teniendo sede en uno o varios municipios, de manera ocasional desarrollan su objeto social por fuera de la jurisdicción de su sede principal. Prestado el servicio o realizada la venta, al realizarse el pago de la operación, la sociedad receptora del servicio o destinataria de la venta, en algunas ocasiones procede a realizar a retener a titulo del impuesto de industria y Comercio, teniendo como sujeto activo de la retención, el municipio donde se encuentra ubicada la empresa pagadora. Lo comentado hasta acá no presenta novedad alguna.

El inconveniente puede presentarse, cuando realizada la retención o en otros casos sin realizarse, llega el momento de enviar la información exógena a los diferentes entidades territoriales. ¿Y porqué puede presentarse un inconveniente en una práctica común?.

Pues el problema puede presentarse con la información exógena remitida teniendo como soporte lo reportado por el centro de costos. El centro de costos de las compañias en muchas ocasiones reportan su información con base en la ubicación geográfica de sus operaciones. Las empresas lo organizan basado en las operaciones realizadas en dicha región, la cual puede en algunas ocasiones diferir del mandato legal. Y porqué pueden diferir? Porque el ingreso puede tratarse por la ley 14 de 1.982 (norma que regula el impuesto de Industria y Comercio en Colombia) como un ingreso percibido en un municipio distinto al que señala el centro de costo: bien porque las condiciones de la prestación del servicio hacen que una parte se preste en un municipio y otra, en otro centro urbano, tal y como acontece por ejemplo, con el análisis de muestras, las cuales se toman en un lugar y se analizan en otro, con la particularidad de que lo relevante del contrato es el resultado del análisis y no la toma de la muestra. Viene entonces el desface. De acuerdo con la ley, el servicio se presta en un lado y de acuerdo con el centro de costos, se presta en otro. Sin embargo, la vida se complica cuando la sociedad contratante consecuente con su centro de costos, reporta en su información exógena, que el ingreso se obtuvo en ese municipio, sin revisar efectivamente en donde se prestó. Y decimos que se omite tal revisión, porque en muchas ocasiones no se analiza si de acuerdo con la ley, el tributo se causa en uno u otro municipio. Esta conducta no muy ajena a las empresas, conlleva a que la ley sea desplazada por el reporte del centro de costos como factor determinante de la causación del impuesto.

Bueno y se preguntará el amable lector y qué relación tiene esto con el debido proceso y el derecho de defensa? pues mucha, ya que, en ocasiones como le aconteció al suscrito, el municipio receptor de la información exógena va gestionando el cobro del impuesto, sin reparar si esa empresa es sujeto pasivo del impuesto. Olvidan también que desde el año 2.002, con acasión de la ley 788, el procedimiento gubernativo tributario territorial debe regirse por el estatuto tributario nacional. Siendo así, y basados en un estatuto de rentas del municipio, se abstienen de enviar un emplazamiento para declarar el gravamen, acudiendo a las vías de hecho, enviando una cuenta de cobro de un impuesto que no se han dignado preguntar si les corresponde. Pasado un tiempo, libra un mandamiento de pago, liquidando capital, intereses, sanciones y en ciertas ocasiones honorarios de cobro. Esto no es Macondo. Así nos ocurrió con el municipio de Coveñas (Sucre). En conclusión, van enviando cuentas de cobro y mandamientos de pago a diestra y siniestra sin darle la oportunidad al ciudadano de explicar porqué no declaro y pago el impuesto. Desde luego que este procedimiento viene a vulnerar el derecho de defensa del contribuyente, en la medida que la limita a las excepciones que pueda proponer en el proceso de jurisdicción coactiva. Se omite de esta manera ejercer la facultad de determinación de la obligación tributaria consagrada en el procedimiento tributario, para cobrar directamente un dinero violando todo tipo de garantías al contribuyente.

Siendo así, abogamos porque las entidades territoriales tecnifiquen sus dependencias de fiscalización, para con ello, evitar violaciones al derecho de defensa y el debido proceso de los contribuyentes.

En buena hora una situación como la que se comenta, fue tutelada por parte del Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, quien mediante fallo del pasado 9 de noviembre, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa de la sociedad EMAC LTDA.


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