La ausencia de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia de los cargos inconstitucionalidad, no le permitieron a la Corte efectuar un examen de fondo de la demanda formulada contra la adopción de medidas correctivas por negarse a dar cierta información a las autoridades de Policía; y otra.

Mecanismos de seguridad en la fabricación, producción, ensamblaje, importación, comercialización, instalación y/o acondicionamiento de equipos, elementos, productos, bienes y automotores blindados.

La suspensión de la licencia de conducción por imposibilidad transitoria física o mental para conducir o por decisión judicial no vulnera el principio de legalidad, puesto que en ambos casos el tiempo de suspensión es determinable. No ocurre lo mismo en el caso de la suspensión de esa licencia por prestar el servicio de transporte público en vehículos particulares, toda vez que no existe una norma que permita establecer el término de esa medida, lo que desconoce el principio de legalidad; y otras.

Se establecen políticas y lineamientos para la calificación de invalidez de los beneficiarios del Sistema de Salud de Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

La portabilidad de la cédula de ciudadanía si bien se exige en algunos escenarios que aseguran la participación del ciudadano en la actividad política del país y para el ingreso a determinados sitios públicos o para la realización de determinadas actividades, no llevarla consigo no puede implicar una sanción, pues violaría el principio de legalidad.

Protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de miembros de las fuerzas militares que han sido retirados del servicio activo como consecuencia de la disminución en su capacidad laboral y por haber sido calificados como “no aptos” para ejecutar actividades militares.

Se establecen las características y condiciones para el otorgamiento del beneficio económico de Asignación Mensual y se dictan otras disposiciones.

La Corte consideró válida, desde la perspectiva constitucional, la limitación de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio por razones éticas, religiosas y filosóficas. Así mismo, concluyó que, aunque la objeción de conciencia es un derecho fundamental, las normas acusadas en esta oportunidad no requerían de una ley estatutaria, porque no efectúan una regulación integral, completa y sistemática de ese derecho; y otras.

La enajenación temprana de bienes sujetos a medidas cautelares bajo la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) y en proceso de extinción del dominio, constituye una medida razonable, proporcionada y necesaria, que cumple una finalidad legítima e imperiosa; y otras.

La publicación en el edificio o conjunto residencial de la lista de los deudores morosos e infractores de obligaciones no pecuniarias previstas en el reglamento de propiedad horizontal, no vulnera los derechos a la intimidad, habeas data ni el principio de proporcionalidad. En todo caso, no podrá publicarse información sensible relativa al hecho o acto que origine la sanción; y otras.