Las funciones jurisdiccionales asignadas a la Procuraduría General de la Nación son contrarias a la Constitución. La determinación final de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular, corresponderá al Juez Contencioso Administrativo, después de agotarse el procedimiento a cargo de la Procuraduría. Se exhorta al Congreso para la adopción de un Estatuto de los Servidores de Elección Popular, incluido un Régimen Disciplinario Especial.

Las normas contenidas en los artículos 6 y 7 de la Ley 2181 de 2021, son exequibles, por el cargo estudiado, bajo el entendido de que tales disposiciones se aplican exclusivamente a las labores que desarrollan aquellas personas y empresas relacionadas con la seguridad privada y el control de riesgos en el marco de certificaciones públicas o privadas relativas a la seguridad de la cadena logística en actividades de comercio exterior y la prevención de delitos transnacionales; y otras.

Inaplicabilidad de las normas sobre desconexión laboral a los contratistas de las entidades públicas que no ostenten la calidad de trabajadores o servidores públicos.

Corte declaró la exequibilidad de los artículos 102 (parcial) y 106 (parcial) de la Ley 1123 de 2007, en relación con la concurrencia de funciones de instrucción y juzgamiento dentro del régimen disciplinario de los abogados en ejercicio; y otras.

La responsabilidad personal que pudiera tener el magistrado sustanciador en la congestión de su despacho, no puede utilizarse como justificación para mantener una mora judicial intolerable.

La Sala de Consulta y Servicio Civil, al resolver un conflicto de competencias administrativas, determinó que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad competente para continuar con las convocatorias públicas o procesos de selección para promover cargos de carrera de las contralorías territoriales que se encontraran en curso, en fase de planeación, o ya convocados a la fecha de expedición del Decreto Ley 409 de 2020.

Lineamiento para la prevención y atención de casos de violencia y acoso laboral, competencias de los inspectores de trabajo y seguridad social relacionadas al fuero de protección legal contemplado en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.

Corte declara inconstitucional el incremento de la pena establecida para el delito de homicidio agravado (previsto en el art. 27 de la Ley 2098 de 2021, subrogado por el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 2197 de 2022), por ser contrario al principio de proporcionalidad y razonabilidad de las penas en el marco del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria; y otras.

Se fijan los Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de Violencias y cualquier tipo de Discriminación Basada en Género en Instituciones de Educación Superior (IES), para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural.

Se exhortó al Ministerio de Justicia para que implemente y capacite a los Comisarios de Familia en medidas de protección.