Se ampararon los derechos fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social de una niña de 11 años a quien se le diagnóstico una enfermedad de alto costo y su EPS le exigía los pagos de las cuotas moderadoras para la prestación de los servicios de salud.

En eventos de responsabilidad por daño a estudiantes, debe probarse la falla del servicio, esto es, se debe demostrar que el centro educativo ha incumplido su deber de protección y cuidado, es decir, compromete la responsabilidad directa por abstención.

La discapacidad de un niño no es, por sí misma, una situación que implique la vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales si no que se trata de una situación que requiere un trato diferencial por parte del Estado, para lograr, en la medida de lo posible, su rehabilitación y reintegración social.

Se exhortó al Ministerio de Justicia para que implemente y capacite a los Comisarios de Familia en medidas de protección.

Cuando el delito de violencia intrafamiliar recae sobre la mujer por razón de su género, el incremento punitivo se justifica si el sujeto activo realizó la conducta en un contexto de discriminación, dominación o subyugación.

Se adopta el Plan Nacional Rural del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación formulado en cumplimiento de lo establecido en los Puntos 1 y 1.3.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Se busca regular la prestación de los servicios de salud que garanticen la Interrupción Voluntaria del Embarazo, de acuerdo con las Sentencias C-055 de 2022 y SU-096 de 2018 de la Corte Constitucional, y modificar el Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal adoptado mediante Resolución 3280 de 2018.

Instrucciones para fortalecer el acceso efectivo a la atención integral en salud de las gestantes y los recién nacidos con el propósito de reducir la mortalidad materna.

Se realiza ampliación de cobertura de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional para la vigencia fiscal 2022, en desarrollo del Programa de Exmadres Comunitarias y Sustitutas.

Los conflictos a que se ve expuesta la mujer para obtener el reconocimiento de sus derechos económicos, una vez termina la relación de pareja, cualquiera sea su naturaleza, son escenarios propicios para la violencia contra ella y, correlativamente, para la discriminación de género, razón por la cual, cuando son judiciales, exigen la adopción de medidas especiales para impedir que comportamientos de esa naturaleza se perpetúen, con grave quebranto de su derecho a la igualdad.