Se definen las sustancias psicoactivas que crean dependencia e impactan la salud, según lo establece el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 2000 de 2019.

Personas privadas de la libertad que pertenecen a la comunidad LGBTI deben ser recluidas en condiciones que garanticen su seguridad y no discriminación.

Corte declara inconstitucional habilitación a la policía nacional de acceder a circuitos cerrados de seguridad y vigilancia privada para acciones de «prevención»; y precisó que cuando esta habilitación tenga como fin acciones de «identificación» o «judicialización» no debe asignarse esta función a la Policía Nacional, en general, sino, concretamente, a la Policía Judicial, previa autorización judicial y acorde con la normativa procesal penal y los principios que rigen la protección de datos personales. En caso de flagrancia el control judicial puede ser posterior; y otras.

La responsabilidad personal que pudiera tener el magistrado sustanciador en la congestión de su despacho, no puede utilizarse como justificación para mantener una mora judicial intolerable.

Corte declara inconstitucional el incremento de la pena establecida para el delito de homicidio agravado (previsto en el art. 27 de la Ley 2098 de 2021, subrogado por el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 2197 de 2022), por ser contrario al principio de proporcionalidad y razonabilidad de las penas en el marco del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria; y otras.

Se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la Política de Paz de Estado, se crea el Servicio Social para la Paz, y se dictan otras disposiciones.

Reporte de información a la Fiscalía General de la Nación.

Se fijan los Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de Violencias y cualquier tipo de Discriminación Basada en Género en Instituciones de Educación Superior (IES), para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural.

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 1 (parcial) de la Ley 2111 de 2021 siempre y cuando se entienda que las normas de reenvío que sean de naturaleza administrativa deben ser expedidas por las instituciones públicas pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental con competencias regulatorias; sean precisas, previas a la configuración de la conducta, con un alcance general y de conocimiento público; y otra.

La medida de aseguramiento privativa de la libertad pierde vigencia cuando se anuncia el sentido del fallo.