Tema: Propiedad Horizontal

La responsabilidad por los estados financieros es de la Administración de la Copropiedad, más la actuación del contador corresponde a la de un auxiliar con las responsabilidades propias de la Ley 43 de 1990.
Actuaciones del Revisor Fiscal en la Propiedad Horizontal.
La remoción del Revisor Fiscal es una función de la Asamblea General de Copropietarios o Junta de Socios y no es delegable.
Los bienes comunes esenciales son aquellos indispensables para usar y disfrutar los bienes privados, contemplando dentro de este tipo de bienes el terreno en el que existan construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, la estructura, circulaciones indispensables para acceder a bienes privados, fachadas y los techos o losas que funcionen como cubiertas a cualquier nivel.
Una vivienda turística es aquella que se entrega para el uso y goce de una o más personas por lapsos inferiores a treinta días a cambio de una contraprestación monetaria, por lo que se diferenciaría de un arriendo de bien inmueble convencional en la duración del mismo.
El revisor fiscal como figura de control, puede colaborar con la resolución de inquietudes o establecer lineamientos para la adopción de buenas prácticas de control interno y cumplimiento normativo.
Para catalogar una propiedad horizontal como unidad inmobiliaria cerrada, se debe tener en cuenta que ésta debe contar con ciertas características que permitan identificar como tal, una integración arquitectónica y funcional, un compartir de elementos estructurales y constructivos, pago de expensas comunes por parte de todos los propietarios y un cerramiento que restringe el ingreso a estos bienes.
Revisada la normatividad vigente, no se encuentra dentro del ordenamiento jurídico colombiano una norma que obligue a la instalación de ascensores en edificios con más de 5 pisos, por lo que para tales efectos deberá consultarse el Plan de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio.
El parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 1114 de 2006 dispone que las autoridades municipales y distritales exigirán a todos los proyectos de vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas y en los proyectos de menos de (100) viviendas de una de ellas para la población minusválida.
Las contraprestaciones económicas obtenidas por la explotación de bienes comunes son para el beneficio común de la copropiedad.