Criterios con los cuales es dable reconocer la pensión de invalidez a los afiliados afectados por enfermedades congénitas – Capacidad visual reducida de nacimiento.

Se establecen parámetros para la depuración de los documentos temporales de Adulto y Menor sin identificar (AS y MS) que se encuentran en la Base Única de Afiliados - BDUA.

Se adiciona el Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con el programa especial de dotación de tierras para sujetos de acceso a tierra a título gratuito afectados por situaciones de desastre o calamidad pública declaradas.

Orientaciones para la implementación progresiva del Decreto 1411 de 2022, por el cual se reglamenta la educación inicial en el país.

Prevención y atención del acoso laboral y sexual, violencia basada en genero contra las mujeres y personas de los sectores sociales LGBTIQ+ en el ámbito laboral.

Se reglamenta el parágrafo del artículo 2 y el artículo 10 de la Ley 2138 de 2021, y se dictan otras disposiciones. (Condiciones bajo las cuales podrán seguir circulando los vehículos de tracción animal destinados a actividades turísticas)

La EPS es la entidad competente para brindar todos los servicios de salud necesarios teniendo en cuenta las condiciones de salud y patologías de los pacientes; si el médico tratante considera que en sustitución de una posible hospitalización se puede prestar atención domiciliaria, será competencia de la EPS garantizar las condiciones para esta modalidad de atención.

La exigencia legal de haber descontado el 70 % de la pena, para que una persona condenada por los Jueces Penales del Circuito Especializado, accedan al permiso de hasta 72 horas, no es incompatible con el principio de igualdad; y otras.

Se expiden los lineamientos técnicos, administrativos, y las condiciones mínimas para la operación del PAE, en el marco de la Declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional – línea de intervención 1.2 Hambre Cero.

Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad, y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público; y la participación efectiva de la mujer en las diferentes instancias de la Administración Pública.