Estrategia nacional de cooperación internacional 2023-2026.

Por medio de la cual se asignan competencias transitorias a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en materia de alimentación para atender situación humanitaria en estaciones de policía, unidades de reacción inmediata y similares.

El derecho a recibir los medicamentos para cumplir con el tratamiento para la enfermedad del VIH debe ser garantizado, derecho de que gozaran sin ningún tipo de discriminación en razón a su identidad de género, estado de salud, o condición de migrante.

El colegio vulneró el derecho a la educación del estudiante porque ante la existencia de una queja por presuntos actos de racismo no dirigió sus esfuerzos a adoptar los ajustes razonables que fueran necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de la educación por medio de espacios de tolerancia y respeto.

La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) debido a la falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos, por otro.

La facultad gubernamental de adelantar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) con fines de sometimiento a la justicia se enmarca en el mandato constitucional del presidente de conservación del orden público. No obstante, la corte, entre otras decisiones, consideró que los términos de sometimiento deben ser definidos por el legislador y que la suspensión de órdenes de captura, la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de EAOCAI deben cumplir ciertas condiciones, según la finalidad que el legislador estableció.

Instrucciones para la implementación de medidas con enfoque intercultural y diferencial para la garantía del derecho a la salud de los habitantes del Departamento de la Guajira.

La Corte declaró exequible la restricción para proponer excepciones en el marco del proceso de expropiación, tras determinar que tal limitación no vulnera los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; y otras.

Corte declara la constitucionalidad del impuesto de timbre frente a la enajenación de bienes inmuebles (Ley 2277, art. 77), al concluir que no se desconoció el principio de equidad tributaria en su faceta de capacidad contributiva; y otras.

La Corte Constitucional decidió anular las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 al constatar la violación del debido proceso al desconocer en su fundamentación y en las decisiones adoptadas, los efectos que se siguen de la existencia de la cosa juzgada constitucional de la sentencia C-055 de 2022 y del precedente reiterado de este tribunal.