Los contratistas de la industria de la construcción, empleadores de los trabajadores que desarrollan las correspondientes obras, son los sujetos pasivos de la contribución al FIC; obligación que no fue prevista como trasladable a las entidades o sujetos contratantes. De manera que, no resulta acertado derivar una responsabilidad solidaria para el contratante que no pertenece al sector de la construcción.

Se adopta un mecanismo transitorio de renovación del crédito para la población beneficiaria de línea de protección constitucional.

Se promueve la participación de Niñas, Adolescentes y Mujeres en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Se crea una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.

Se establece la Gratuidad en los Programas de Pregrado en las Instituciones de Educación Superior Públicas del país y se dictan otras disposiciones.

Se adoptan medidas en el Sector Educación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira.

El derecho a la educación es un derecho fundamental que demanda ciertos deberes, en razón a la condición de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, entre ellos, se encuentra la obligación de adoptar medidas progresivas que propendan por el interés superior de los niños, las cuales incluyen garantizar el acceso a una educación completa, digna y de calidad, el cual deberá revestir de las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

Orientaciones generales sobre la vinculación de los docentes provisionales.

Se adiciona el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación- y se reglamenta el Fondo «Alvaro Ulcué Chocué» de que trata la Ley 1986 de 2019.

Se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.