Por la cual se modifica la Resolución 3100 de 2019 en el sentido de adecuar algunos aspectos relacionados con la inscripción de prestadores y la habilitación de servicios de salud.

La imposición de barreras administrativas y burocráticas por parte de las EPS para proveer medicamentos, insumos, y procedimientos vulnera el derecho fundamental a la salud, también desconoce los principios de oportunidad, eficiencia, calidad e integralidad.

Criterios con los cuales es dable reconocer la pensión de invalidez a los afiliados afectados por enfermedades congénitas – Capacidad visual reducida de nacimiento.

Se establecen parámetros para la depuración de los documentos temporales de Adulto y Menor sin identificar (AS y MS) que se encuentran en la Base Única de Afiliados - BDUA.

La EPS es la entidad competente para brindar todos los servicios de salud necesarios teniendo en cuenta las condiciones de salud y patologías de los pacientes; si el médico tratante considera que en sustitución de una posible hospitalización se puede prestar atención domiciliaria, será competencia de la EPS garantizar las condiciones para esta modalidad de atención.

Se determina el procedimiento de cobro y pago que aplicará la ADRES en relación con los servicios de salud prestados a victimas de accidentes de tránsito amparados por el SOAT con rango diferencial por riesgo.

Por la cual se actualiza el procedimiento técnico-científico, participativo, de carácter público, colectivo y transparente que determina las tecnologías y servicios que no serán financiados con recursos públicos asignados a la salud.

Por la cual se modifican los artículos 3, 8, 11, 14, 16, y 18 de la Resolución 518 de 2015 en relación con la gestión de la salud pública, las responsabilidades de las entidades territoriales y de los ejecutores del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y las condiciones para la ejecución.

Se busca establecer el cobro y pago de servicios médicos prestados a víctimas de accidentes de tránsito del rango diferencial por riesgo del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito – SOAT por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES.

La Corte Constitucional advirtió que las hipótesis de Colpensiones sobre el impacto que sus decisiones pueden tener sobre los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social no pueden ser utilizados para negar el amparo de derechos tales como la pensión por invalidez, cuando no tienen un fundamento sólido.